Otra vez se levanta el fantasma de un posible fraude electoral en la Florida, considerada entre las plazas más importantes de cara a los comicios generales de noviembre en Estados Unidos.

Está en marcha una trifulca que opone a sus autoridades al gobierno federal de Washington, y el tema en discusión es la  real validez de miles de ciudadanos que aparecen inscriptos en sus listas de votantes.

En esas últimas se estaba llevando a cabo una “limpieza” supuestamente destinada a esclarecer situaciones personales, ahora detenida porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ordenó.

Según funcionarios de la Florida, existen unas 2 700 personas no aptas para figurar en las listas, algo que 67 inspectores trataban formalmente de aclarar.

Uno de ellos, Ion Sancho,  inspector de elecciones en el municipio de León, declaró que tanto él como muchos de sus colegas no cumplirán esa ordenanza.

Por ahora, entre los mencionados 2 700 casos dudosos algo más de 500 son calificados como  ciudadanos de la Florida y votantes legales, 40 no llegan a eso y 4 podrían haber votado sin derecho.

Los inspectores han detenido su trabajo cuando falta dar conclusiones a unos 2 000 procesos, aunque un periodista de Miami, Marc Caputo, opinó que la controversia “acaba de empezar”.

Un experto en elecciones del Departamento de Justicia, Christian Herren, envió una carta donde alertó sobre la posibilidad de que la Florida podría estar violando leyes federales al remover votantes a 90 días de los comicios.

La supervisora de esa actividad en Miami-Dade, Penelope Townsley, denunció por escrito que en una relación de 1 600 votantes había personas sin derecho y “hasta tres difuntos”.

Muy significativo resulta que funcionarios del Partido Demócrata y grupos defensores de los derechos humanos han denunciado que el 87 por ciento de quienes figuran en esas listas son afronorteamericanos, hispanos y de otras minorías.

Al mismo tiempo, facciones del neonazi Tea Party, que apoya al gobernador de la Florida, Rick Scott, comenzaron a movilizarse a favor de mantener la planificada “limpieza” en las listas electorales.

No pocos empiezan a igualar esto con lo sucedido en el  escandaloso proceso electoral del año 2 000, cuando en la Florida hubo numerosas irregularidades para favorecer a George W. Bush.

Una de las principales denuncias al respecto estuvo contenida en el libro The Best Democracy Money Can Buy (La Mejor Democracia que el Dinero puede Comprar), escrito por un periodista de la BBC de Londres y del diario británico The Guardian, Greg Palast.

La obra revela de manera particular las jugarretas ejecutadas en ese estado sureño para evitar que miles de floridanos, entre ellos muchos de la comunidad negra, hicieran uso del sufragio.

Uno de los hechos sacados a flote por Palast fue cómo, dos años antes de aquellas elecciones, “sembraron” en la Florida alrededor de  7 000 personas procedentes de Texas a quienes concedieron el derecho a votar.

La obra también indica la forma en que el entonces gobernador del estado, Jeb Bush, hermano de George W., contrató a la empresa DBT, por cuatro millones de dólares, para que reacomodara las listas electorales en sintonía con sus intereses.

Según Palast, la misma oficina del gobernador Bush les solicitó que extendieran al máximo esos registros, incluyendo a votantes con nombres similares o nacidos en igual fecha que delincuentes imposibilitados de tomar parte en las elecciones..

Ahora no se descarta la posibilidad, como ya alertan señales, de que esa situación se repita bajo nuevas modalidades y con el refuerzo de los nazis del Tea-Party y de sus cómplices de Miami.

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