El caso del contratista estadounidense Alan Gross se inscribe en la larga lista de acciones subversivas por parte de Estados Unidos contra Cuba. Después de más de medio siglo del triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959, Washington sigue destinando cientos de millones de dólares en programas orientados a promover la disidencia en la isla.

En el período comprendido entre 1996 y 2011 Estados Unidos invirtió 205 millones de dólares en los intentos por desestabilizar a la nación caribeña, corroer la médula del sistema social desde adentro y finalmente liquidar al régimen comunista, único en América, y que se mantiene enhiesto luego de la desaparición de la Unión Soviética hace más de dos décadas.

Desde 1996, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o la USAID por sus siglas, ha gastado más de $ 200 millones en estos programas. Estos están diseñados explícitamente para influir en los asuntos internos de Cuba y fomentar la libertad. Y no importa lo noble que pueda ser la causa, los programas están en desacuerdo con el trabajo de desarrollo en la mayor parte del mundo.

Los programas también funcionan bajo un creciente secretismo en momentos en que los gobiernos y las ONGs se mueven hacia una mayor transparencia. Ver, por ejemplo:

• Publish What You Fund, una campaña mundial por la transparencia de la ayuda,
• aidinfo, que promueve la rendición de cuentas de la ayuda al desarrollo, y
• Avco openaid, diseñada para mostrar a la gente cómo se gastan los fondos de desarrollo en todo el mundo.

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En la primera parte de esta entrega  enfaticé en el alto desarrollo humano alcanzado por Cuba no obstante la hostilidad y la guerra económica y mediática a que la somete Estados Unidos. En particular expuse la contundencia de sus conquistas en educación y salud.  Obviamente, la observancia de los derechos humanos se extiende a otras muchas esferas.

Sin embargo, es muy difícil imaginar un Estado que cautele los demás derechos si no es capaz de garantizar a sus ciudadanos el disfrute de la educación y la salud: públicas, gratuitas y universales. El ejercicio efectivo de esos dos derechos es indispensable para que tenga vigencia el más importante de todos: el derecho a la vida, digna y plena.  Podrán figurar en los preceptos constitucionales y legales las libertades y garantías democráticas pero no serán funcionales si no se ejercen cabalmente esos dos derechos.

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El Nuevo Herald, con sede en Miami y cálidamente aliado a la ultraderecha de origen cubano, se ha convertido en un diario muy retórico y extremadamente ajeno a la objetividad.

Va tan lejos que ya funge como un descarnado portavoz de los enemigos de Cuba y de los grupos venezolanos antichavistas, como demuestran sus titulares y textos de cada jornada.

Uno de sus comentaristas que mejor sintetizan esa posición, Antonio María Delgado, se dedica a seleccionar ángulos que le faciliten presentar a la Venezuela de hoy como una suerte de Infierno.

Cuba figura entre los 16 países que ya alcanzaron la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación de reducir a la mitad el número absoluto de personas con hambre.

Esto ha sido posible, según José Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,  sus siglas en inglés), gracias a la prioridad que el gobierno ha otorgado a garantizar el derecho a la alimentación y a las políticas que ha implementado.

La propia FAO reconoce que la Isla tiene hoy una situación de seguridad alimentaria comparable con la de  países desarrollados, al reportar un índice de subnutrición de menos de cinco por ciento de la población.